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Por dos veces, el escrache realizado a la Vicepresidenta del Gobierno no es delito

Se ha dictado, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, por el que se desestima el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra el Auto del Juzgado de Instrucción número 4de Madrid, por el que se archivaba la denuncia por el escrache efectuado frente a la Vicepresidenta del Gobierno.

Los hechos resumidamente son los siguientes:

Se denunció a una serie de personas por un escrache en el domicilio de la Vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría (y de si marido, que fue el denunciante)

Por el Juzgado de Instrucción se archivó la causa, por considerar que los hechos no constituían delito alguno.

Esta resolución fue recurrida por el Ministerio Fiscal al entender que las conductas podrían constituir delitos de coacciones, reunión y manifestación ilegal, delito o falta de desórdenes públicos, y desobediencia a la autoridad.

El Auto de la AP, en consonancia con el Juzgado, señala que, aunque los hechos ocurrieron, con los mismos no se pretendía quebrantar la voluntad política de la Vicepresidenta, ni el escrache era un medio violento y apto para conseguirlo (es decir, que ni se quería ni el escrache iba encaminado a ello).

Reconoce la Audiencia que las manifestaciones y reuniones son un mecanismo de participación democrática y de expresión del pluralismo entre los ciudadanos, sin que el hecho de producirse frente a un domicilio pueda quitarle a la concentración dicho carácter.

Se señala que la posible perturbación de la vida de la Vicepresidenta no fue grave debido a la presencia policial así como a la brevedad de tiempo en que se produjo (escasos veinte minutos).

Asimismo señala que aun cuando la manifestación no hubiese sido comunicada, no se puede considerar la misma como un delito. Ni tan siquiera las conductas pueden considerarse falta alguna, de las pretendidas por el Ministerio Fiscal.

Os adjuntamos el texto.Auto AP Seccio´n 16 Desestimacio´n recurso Fisacli´a archivo escrache a Soraya Sae´nz de Santamari´a

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Acuerdo de Pleno de la Sala 4ª del TS eximiendo de tasas a sindicatos y trabajadores.

Como es de sobra conocido, el Ministro Gallardón estableció un sistema de tasas  que encarecía el acceso a la justicia de los ciudadanos mediante la Ley 10/2012, posteriormente modificada en el RD 3/2013, y que tuvo varios problemillas para entrar en vigor, como el hecho de que los formularios no estuvieran listos a tiempo –muestra, entendemos, de que se elaboró con más urgencia que cabeza- .

 Esta Ley afecta al orden social, civil y contencioso administrativo. Y en particular en cuanto al orden social obliga al pago de las tasas en el recurso de suplicación y de casación, es decir, en  los recursos que se planteasen contra una sentencia.

Desde su aprobación ha levantado numerosas voces en contra, dudándose incluso de su constitucionalidad.

Pues bien, para júbilo de la mayoría, y tras diversos criterios interpretativos de los diferentes Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia, –  y en particular tras la reciente devolución por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de los recursos de suplicación planteados en el Juzgado de lo Social número 1 de Granada y de Motril para su subsanación y abono de tasas – la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido dar unas directrices comunes para todos, en un Acuerdo de Pleno, que si bien no es de carácter vinculante (en realidad ninguna resolución los es debido a la pretendida independencia constitucional de los Jueces y Tribunales,- aunque de esto podríamos hablar en otra entrada, o en una trilogía literaria-), marcará un antes y un después, y deja, a nuestro entender, las tasas en el orden social heridas de muerte.

De esta forma, el pasado día 5 de marzo de 2013, mediante un Acuerdo de Pleno,  decidió que:

          Para la tramitación de los recursos de suplicación y casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario de la Seguridad Social, ni al funcionario o personal estatutario.

          Tampoco se le exige la tasa a los sindicatos para la interposición de los recursos de suplicación o de casación.

Interesante, sin duda, es la coletilla que introduce al señalar “ni tan siquiera respecto de los recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013”. ¿Esto  puede abrir la puerta a reclamar las tasas de todos aquellos que ya la han abonado de manera indebida?.

También se nos  plantea otra duda: de acuerdo con el art. 2.e de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, que ha sido tenido en cuenta por este Acuerdo de Pleno, ¿los beneficiarios de la Seguridad Social tampoco tendrían que pagar tasas en los pleitos que, sobre esta materia, se susciten en el orden contencioso – administrativo?.

Como hemos señalado anteriormente, trilogías se escribirán.

Para poder ver el Acuerdo podéis pinchar en el enlace de abajo, como siempre.

ACUERDO DEL TS SOBRE TASAS

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