Archivo de la categoría: Reflexiones

“Las Brujas Antifascistas” Por Daniel Amelang

Creo que ya todos sabéis que hace un par de semanas detuvieron en Madrid a 19 personas, acusadas de ir a la Universidad el 20N, entrar en una asociación de estudiantes de derecho  y causar daños en el local y lesiones en las personas que allí se encontraban.
Más allá de nuestro rechazo a la ya conocida como “caza de brujas”, queremos compartir con todos vosotros el texto de un compañero abogado de Madrid, Daniel Amelang López,  donde hace una inmejorable reflexión y crítica ante los citados acontecimientos.

Las Brujas Antifascistas

 

A todo el mundo le gusta una buena caza de brujas, siempre y cuando sea otro el que está siendo cazado” – Walter Kirn.

 

Durante siglos, las cazas de brujas sembraron el caos entre la población europea. Las autoridades (Iglesia y Justicia Civil) canalizaban el imperante miedo supersticioso a la brujería mediante la detención, enjuiciamiento y condena de las mujeres sospechosas de llevar a cabo esta práctica y de conspirar con el Demonio para acabar con la cristiandad. Si bien las torturas y las ejecuciones supusieron el principal tormento para miles de mujeres a lo largo de siglos, no hay que olvidar que también sufrieron otro tipo de castigo diferente: el de la criminalización pública.

 

Años después, en pleno siglo XXI, abrimos un periódico y asistimos a procesos de humillación pública similares. Cambia el contexto, claro, pero no las formas. Si bien en la Edad Moderna las víctimas eran mujeres acusadas de brujería y su persecución era espoleada por teólogos y juristas; en nuestros tiempos, supuestamente más civilizados, los represaliados son pobres, marginados y disidentes. No son quemados en la plaza del pueblo, pero sí detenidos, imputados y, posiblemente, encarcelados, con la misma proyección pública.

 

Tal es el caso de los detenidos por su supuesta participación en una manifestación antifascista el 20-N en la Universidad Complutense, en la que, al parecer, cientos de personas marcharon contra fascismo por el campus universitario y, posteriormente, un grupo tuvo un altercado en la puerta de un local regentado por estudiantes de derechas de la Facultad de Derecho.

 

Inmediatamente después, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, exagerándola, magnificándola, pidiendo sangre… y, en definitiva, allanando el terreno para una acción represiva por parte de las autoridades. Destaca en particular un artículo publicado en el diario ABC el pasado 24 de noviembre, titulado “Unos 300 antisistema se infiltran en la universidad”[1], por su señalamiento de colectivos concretos a los que responsabiliza – sin citar sus fuentes, pruebas o indicios – de este y otros ataques. Dicho reportaje resulta llamativo por la manera en la que se dibuja una imagen alarmista de la universidad como un lugar donde violentos antisistema campan a sus anchas y por adelantar la inminencia de la acción policial (“la operación policial sigue abierta, en pos de los agresores”).

 

Y, efectivamente, unos días más tarde, el 28-N, se produjo una oleada de detenciones por todo Madrid. Por la mañana ya empezó a circular la noticia: la policía estaba deteniendo (sin incidentes, ni resistencias) a personas en sus casas, arrancados de la cama o a punto de salir a trabajar, para ser llevados a la comisaría de Moratalaz. A partir de ahí, todo el día pegados al teléfono y al ordenador, viviendo un continuo goteo de detenciones, hasta llegar a las diecinueve. Caza de brujas, se le llamó en los medios alternativos y redes sociales (bueno, más bien: #cazadebrujas).

 

No es el propósito de este artículo entrar a valorar la cuestión de fondo u objeto del procedimiento penal, sino denunciar el procedimiento seguido por la Delegación del Gobierno de Madrid y la policía en contra de las garantías constitucionales a la libertad personal. Actuación que, además, se ha amparado y celebrado por la mayoría de medios de comunicación y por parte de algunos sectores sociales. A la vista de que pocos y pocas han denunciado la vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, somos muchos y muchas quienes sospechamos que se está promoviendo una conciencia social favorable a excepcionar los derechos fundamentales en ciertas situaciones. Nos reafirmamos en esta sospecha a la vista de la sobreactuación policial sufrida por manifestantes en los últimos años, al machaque mediático sobre la sentencia del TEDH sobre la Doctrina Parot o al analizar el contenido de las reformas del Código Penal y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana[2].

 

Volviendo a las detenciones, de acuerdo con el atestado policial que inicia la causa, una serie de agentes de la Brigada Policial de Información, “especializados en el seguimiento de grupos radicales y violentos”, aseguran que los detenidos se encontraban en el lugar de los hechos el 20-N, utilizando información que consta en ficheros que tiene abierta esta brigada sobre activistas y/o militantes de movimientos sociales[3]. Y es por esto por lo que ocho días más tarde proceden a detenerles en sus casas, en presencia de amigos/as, familiares[4], parejas y vecinos/as, difundiéndolo al momento en los medios de comunicación y, en ciertos casos, haciendo público el nombre de algunos de ellos.

 

Resulta indiferente que el tenor literal de la Carta Magna y que reiteradísima jurisprudencia establecen que la detención ha de llevarse a cabo únicamente en casos excepcionales y que ha de primar el derecho a la libertad, por lo que las detenciones son claramente contrarias a los límites que se suponen aplicables según la Constitución. Me explico: el comienzo de la Constitución de 1978 declara a España un Estado de Derecho que propugna como valor superior de su ordenamiento jurídico – entre otros – el valor fundamental la libertad. Para respetar ese valor, los poderes públicos deben restringir la libertad lo menos posible cuando actúan. Y además, teniendo en cuenta que cualquier detenido es presuntamente inocente, el principio es que todo el mundo merece la libertad propia de los inocentes hasta que un órgano judicial no declare lo contrario. De acuerdo con este valor, la detención es el último recurso. En el proceso penal la primera opción es (o debe ser) llamar a declarar ante el juez a la persona que se sospeche pueda haber participado en una conducta ilícita. Si se tiene un domicilio conocido, se notifica para que comparezcan a declarar voluntariamente. Solo está justificada la detención si existe una situación de riesgo objetiva o si se presume que no comparecerán cuando los llame un juez. Además, la detención debe durar lo mínimo imprescindible (como así se desprende de los artículos 496 y 497 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

 

El 28-N, la policía acudió a los domicilios de los detenidos mientras éstos dormían, desayunaban o estaban a punto de salir a trabajar, y detuvo a diecinueve personas. Es decir, fue a sus casas (¿alguien dijo intimidad?), ante la mirada de sus vecinos. Se difundió al momento en los medios de comunicación, quienes lo airearon sin buscar testimonios ni fuentes diferentes a las de la policía o Delegación de Gobierno. Los medios resaltaron la supuesta pertenencia de los detenidos a colectivos de todo el espectro de la izquierda y/o antagonista. La cuenta de Twitter de la Delegada de Gobierno anunció que algunos tenían “antecedentes policiales” (que significa que les han pedido el carnet alguna vez, no que hayan sido juzgados y/o condenados). Y, por último, se prolongó la detención durante casi cuarenta horas. Ni duración mínima de la detención, ni gaitas.

 

Los detenidos en el procedimiento son en su mayoría estudiantes o jóvenes profesionales arraigados en Madrid. No se estaba cometiendo un acto delictivo porque estaban en sus casas. No es defendible que hubiera situación de riesgo objetiva dado que la mayoría carecía de antecedentes penales. Y, finalmente, sus limitados recursos económicos hacen improbable que desaparezcan y dejen atrás toda su vida en Madrid. ¿Qué lleva a una Administración en estas circunstancias a ignorar el valor fundamental de la libertad y decidir detenerlos espectacularmente? ¿Por qué se les asimila públicamente a una suerte de terroristas, obviando sus derechos constitucionales? Posiblemente para provocar alarma social, para emitir un aviso para navegantes, recordando que el rigor punitivo muchas veces no sólo se reduce exclusivamente a lo que viene recogido en el Código Penal (la mera detención puede ser ya un castigo de por sí). A su vez, estas detenciones suponen la constatación de algo mucho más grave: nos están privando de nuestros derechos por el sencillo y eficaz método de no aplicarlos. La Delegación buscaba conscientemente tratar a los detenidos como enemigos, criminalizarlos, para que, en consecuencia, la conciencia social les niegue la aplicación de los derechos constitucionales (en este caso, el derecho a la libertad). Con detenciones desproporcionadas en sus formas y en su duración y la criminalización pública y mediática, lo que se consigue es el quebrantamiento de estos derechos, que se reducen a meras declaraciones políticas y nada más.

 

Lamentablemente, titulares “periodísticos” como el reflejado del ABC son los que forman la opinión pública (o hablan en nombre de ella), que lejos de concienciar acerca del peligro que corremos en el caso de que sigan desapareciendo nuestros  derechos más básicos, caminan en sentido contrario, aplaudiendo los excesos políticos, judiciales y policiales. Es más, la agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos a diario, influye en la agenda del público y en la actualidad se encuentra allanando el terreno para favorecer la expansión del poder del Ejecutivo en detrimento de los derechos fundamentales.

 

En otras palabras, el contenido de la información que se suministra por las ondas, el tiempo que se le dedica a cada noticia y el formato en el que se trata influye profundamente en nuestra opinión y, consiguientemente, en las reformas legislativas. La cobertura mediática de operaciones policiales de gran envergadura se utiliza para lograr fines partidistas. Si se nos machaca repetidamente con determinadas noticias, finalmente se justificarán las nuevas leyes que legitiman la represión. Citemos dos ejemplos: (1) Crímenes como el de Marta del Castillo, por ejemplo, han dado pie a que el Ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, haya incorporado la cadena perpetua al Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal. Como dice el profesor Julián Ríos en su reciente libro La Prisión Perpetua en España: razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad (2013) “es el poder político el que se hace eco de la propuesta de la cadena perpetua a través de la presión mediática de colectivos de víctimas obviando interesadamente una reflexión serena acerca de su compatibilidad con los derechos fundamentales y una explicación social de las consecuencias de esta pena. El ámbito político deja al margen de los criterios de interpretación jurídica los contextos sociales e institucionales donde se cumplen las penas y suele utilizar técnicas ajenas al contexto sociológico y humano. Se suele conceder a los conceptos jurídicos relacionados con la ejecución penal y penitenciaria un contenido legitimador del que carecen una vez que se contrastan con la realidad humana y social de los centros penitenciarios”. Por otro lado, y como segundo ejemplo, (2) la cobertura de las detenciones llevadas a cabo el 28-N justifica la hiperprotección del “orden público”, traducida como el endurecimiento de las penas asociadas a delitos que se comentan en el seno de manifestaciones en la reforma del Código Penal (limitando el derecho a la manifestación)[5] o el reforzamiento de la autoridad pública en la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana[6].

 

Y es que las reformas penales y administrativas que estamos viviendo, además de convertirse en una maniobra de distracción de la terrible realidad presente (la crisis económica), representan otro paso más en la escalada de la severidad punitiva y constatan la tendencia expansiva del Derecho Penal y, con ella, el incremento del poder estatal. Este reforzamiento del poder no es gratuito, ni caprichoso, sino necesario para poder implementar la agenda del gobierno. En los últimos años se han generado enormes recortes sociales y se han aprobado reformas laborales de gran envergadura. Paralelamente, hemos asistido a un reflorecimiento de los movimientos sociales y de las protestas sociales. En consecuencia, el Estado, para poder legislar como lo ha estado haciendo, se está dotando de las herramientas que le permitan hacerlo sin grandes alteraciones en la calle: reforma del Código Penal, de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Ley de Servicios Mínimos en Huelgas, etc.

 

Por fortuna, el miedo que se pretende infundir con la caza de brujas (la práctica criminalizadora de los detenidos) no impidió a cientos de personas acudir a gritar por la libertad de los/as detenidos/as frente a la Comisaría de Moratalaz el 28-N. Allí, once personas que se encontraban ejerciendo su derecho de reunión fueron detenidas (la mayoría detenidos por agentes de paisano mientras regresaban a sus casas). Testigos oculares aseguran que la concentración a las puertas de la comisaría era marcadamente pacífica y, por tanto, la participación de cualquiera en ella era lícita, dado que se puede encuadrar en un ejercicio del derecho de reunión (el cual también se encuentra constitucionalmente reconocido, por cierto). En términos estrictamente legales, únicamente cabría debatir la procedencia de castigar o no a esos manifestantes atendiendo realmente a las consecuencias que la concentración o reunión pudiera haber producido, es decir, que se hubieran provocado graves alteraciones del orden público. Y parece que no fue así. Un abuso del límite específico a este derecho fundamental, cuando existen dudas sobre la producción de desórdenes, y la consiguiente imposibilidad de prohibir la realización de la concentración, dejan, una vez más, la Constitución en papel mojado. Y su incumplimiento se traduce en una treintena de detenciones aquella jornada, de las cuales muchas se podrían haber evitado.

 

 

Daniel Amelang López – Abogado[7]

 


[3] Recordamos que en 2010 la UE aprobó los documentos 7984/2010 y 8670/2010, que autorizaban la existencia de ficheros de activistas políticos para observar “procesos de radicalización” a través de la vigilancia de ‘agentes’ que contribuyen a la radicalización de otras personas.

[4] Con el fin de reflejar la angustia que puede vivir un ser querido durante una detención, nos hacemos eco de las palabras de la madre de uno de los chicos detenidos el 28 de noviembre: www.periodismodigno.org/carta-de-la-madre-de-un-detenido-en-la-cazadebrujas-del-28n/

[7] Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a Juanlu, Ernesto y el resto de compañeros/as de La Conquista del Derecho por sus aportaciones, y a Ana y N. por sus pacientes correcciones.

Anuncios
Etiquetado , , ,