Diferencia práctica entre prisión provisional y detención preventiva

Hace pocas semanas surgió en el Facebook una duda que nos resultó interesante aclarar. Y Sobre todo si consideramos que para poder defender nuestros derechos tenemos que conocer cuáles son las armas con las que las leyes han ha dotado a la autoridad para poder privarnos de ellos, y cuáles son los límites que existen.

La cuestión en sí es la diferencia entre detención preventiva y prisión provisional. Vamos a intentar hacer un análisis sin referencias (al menos excesivas) al articulado. De momento baste con señalar que ambas instituciones las podemos encontrar recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En primer lugar hay que señalar que ambas constituyen una medida cautelar (es decir, un instrumento que puede ser utilizado para asegurar que el juicio se celebre así como que la hipotética sentencia que se dicte pueda ser ejecutada), si bien la detención es de carácter provisionalísimo. Y que ambas restringen el derecho a la libertad.

Como curiosidad señalar que no se viene considerando detención aquella restricción de la libertad de circulación de una persona para su identificación o para la realización de pruebas de alcoholemia, en cuyo caso se habla de retención o detención temporal –en el caso de que haya traslado- (figura admitida por el Tribunal Supremo, pero que goza asimismo de importantes limitaciones, la principal de ella que debe ser por el tiempo imprescindible para su consecución).

La detención tiene como fundamento la comisión de un delito y tiene como finalidad la averiguación del mismo y de sus autores. Por ello la propia Constitución, en su artículo 17.2 señala que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos”.

Es importante señalar que no se puede detener a una persona por una falta, salvo que no se haya identificado, no tenga domicilio conocido, o se realice con el objeto de asegurar su presencia en la celebración del juicio de faltas.

Sin embargo la prisión provisional responde a otros fundamentos: la intención de evitar la fuga del imputado, la ocultación de pruebas y la comisión de nuevos delitos.

Asimismo ambas se diferencian en su duración:

Como ya hemos señalado, la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y en el plazo máximo de 72 horas el sujeto debe ser puesto a disposición judicial, o en libertad. No obstante tratándose de personas relacionadas con bandas armadas, se puede prorrogar otras 48 horas más, pero esto ya lo debe acordar un Juez.

En este punto es importante destacar que el tiempo máximo de duración de la detención preventiva viene señalado constitucionalmente, con lo que su violación constituye un ataque directo al mandato de la Constitución.

Hay que señalar que el art. 496 LECr establece una duración máxima de 24 horas de la detención preventiva. Sin embargo parece que el límite del 72 horas debe prevalecer como plazo absoluto e infranqueable, siendo el de 24 horas interpretado por el Tribunal Constitucional como plazo ordinario.

Por su parte, la prisión provisional puede existir mientras permanezcan las causas que la originaron (a saber, peligro de fuga, de ocultación de pruebas, o comisión de nuevos delitos).  La Ley establece un plazo máximo de 6 meses, 1 año ó 2 años según el supuesto del que estemos hablando

En cuanto a quiénes pueden detener, señalar que la detención preventiva puede ser ordenada  por el Juez, o efectuada por la Policía o por particulares. En este último caso solo cuando se cometa un delito in fraganti, o cuando se trate de fugados.

Por el contrario la prisión provisional requiere que el Juez la haya ordenado.

Esta diferencia es importante, porque como hemos señalado, en el caso de la detención preventiva, el transcurso del plazo máximo  conlleva o bien la puesta en libertad, o bien la puesta a disposición judicial. La prisión provisional conlleva ya el hecho de que el Juez es conocedor de los hechos, y se haya producido una comparecencia a tal fin, tas la puesta a disposición del detenido a disposición judicial.

                En cuanto a los derechos que tiene el detenido, estos son:

          Guardar silencio, no contestar a algunas de las preguntas que le fueren formuladas y a manifestar que solo declarará ante el Juez.

          No declarar contra sí mismo ni confesarse culpable.

          Derecho que se le comunique el hecho de la detención y el lugar de custodia a un familiar o a la persona que se designe.

          Derecho a designar abogado, o que se le proporcione uno de oficio.

          A intérprete si se trata de extranjero (o de sordomudo).

          A ser reconocido por el Médico Forense.

De todos estos derechos deberá ser informado el detenido en el momento de su detención de manera clara y comprensible.

El Código Penal establece que es delito:

          El particular que, que fuera de los casos que hemos establecido anteriormente, detenga a una persona con intención de presentarla a la autoridad.

          A la autoridad o funcionario público que, existiendo causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad con violación de los plazos establecidos y las garantías legalmente previstas.

          A la autoridad o funcionario que impida u obstaculice la asistencia de abogado al detenido, procure su renuncia, o no le informe de sus derechos de manera inmediata y comprensible.

En el caso de que una persona sea detenida fuera de los presupuestos legalmente establecidos, sin cumplir con las formalidades, sin respetar sus derechos o más del tiempo legalmente establecido, podrá instar el procedimiento de habeas corpus, que si es de interés explicaremos en otra entrada.

Anuncios
Etiquetado , , ,

Cláusulas suelo: pasos antes de demandar

Ya hemos hecho referencia en otras entradas a la posibilidad de eliminación de las cláusulas suelo, y hemos colgado un escrito para la solicitud de eliminación al Servicio de Atención al Cliente.

Nos parece sin embargo interesante hacer un pequeño  esquema de los pasos a seguir de cara a poder reclamar en vía judicial que se elimine de nuestro contrato de préstamo hipotecario esta cláusula abusiva.

Así, en primer lugar recomendamos que se haga una solicitud al Servicio de Atención al Cliente para que nos proporcione la oferta vinculante. En los próximos días colgaremos un escrito tipo.

No es algo obligatorio, pero la sentencia del TS ha venido estableciendo que la inexistencia de este documento es una muestra de la falta de transparencia y de la violación del derecho a la información que tiene todo cliente. Tener por escrito que la hemos solicitado y no se nos ha proporcionado, consideramos que es algo bastante importante. También es relevante en el caso de que no la tengamos pero exista, para poder analizarla.

Esperaremos entre uno y dos meses a que nos responda el banco, aunque en teoría no tendría que tardar tanto, simplemente se trata de que nos proporcione algo que está en su poder.

Posteriormente procederemos a solicitar formalmente y por escrito a la entidad bancaria que elimine la mencionada cláusula suelo. Como hemos dicho, ya os colgamos un escrito en este sentido. Esperaremos 2 meses a que el Servicio de Atención al Cliente nos conteste, y de no hacerlo, presentaremos la misma solicitud al Banco de España. También en los próximos días colgaremos un escrito en este sentido.

En este punto hay que destacar que algunas entidades bancarias exigen que después de la desestimación, bien expresa, bien tácita (si no contestan), por parte del Servicio de Atención al Cliente se reproduzca la petición al Defensor al cliente. En concreto os dejamos los Reglamentos de algunos bancos  una tabla comparada, donde constan aquellos bancos y cajas donde se requiere ese trámite.

 El plazo para resolver por parte del Banco de España es de 4 meses, salvo que concurran circunstancias que han de ser justificadas.

Después de estos trámites, y caso de no haber obtenido una respuesta afirmativa, acudiremos a la vía judicial, presentando nuestra correspondiente demanda.

REGLAMENTOS:

Banco Espírito Santo Banco Popular Banesto Bankia Bankinter BBVA Caixa Caja Mar Caja Rural de Granada Cajamar Defensor del cliente Sabadell Unicaja Santander

 

ENTIDAD BANCARIA

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

DEFENSOR DEL CLIENTE

BBVA

Sí. Tras desestimación del SAC.  Cuantía inferior a 100.000 euros y superior a 2000

SANTANDER

No

BANESTO

No

BANCO ESPÍRITO SANTO

No

BANKIA

No

BANCO POPULAR

No

CAJA RURAL DE GRANADA

No

UNICAJA

No

SABADELL

Si

No

PASTOR

No

CAIXA

SI

NO

BANKINTER

Si

Sí. Tras desestimación del SAC

CAJA MAR

No

Etiquetado

Presentación en sociedad del CAJ (más vale tarde que nunca)

Aunque con unas pocas semanas de retraso, en el Colectivo de Acción Jurídica hemos decidido que ya es hora de presentarnos.

Somos un grupo de trabajadores del mundo del Derecho que hemos decidido constituirnos en asociación, y poner nuestros medios y conocimientos a disposición de las luchas sociales que se están llevando a cabo ahora mismo a nuestro alrededor.

En una Granada cada vez más en movimiento frente a los desahucios, contra la represión y, en definitiva, contra la injusticia, el Colectivo de Acción Jurídica nace con la vocación de contribuir modestamente a todas esas luchas que se están haciendo “desde abajo”, y poner nuestro granito de arena para la consecución de las mismas.

Podéis poneros en contacto con nosotros y conocer nuestra actividad a través de este blog, del e-mail colectivodeaccionjuridica@gmail.com así como mediante de facebook pinchando en este link.

Seguiremos informando.

Carta al Defensor del Pueblo Andaluz

Pregunta de examen: ¿Cuánto tiempo DEBE permanecer alguien detenido? Respuesta: el mínimo imprescindible para poder realizar las laborales de investigación necesarias (art. 17.2 de la constitución española: “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos”).

Esta cuestión tan sencilla no es tan unánimemente respetada como debería. En concreto, en Granada hemos tenido conocimiento de la existencia de normas “no escritas” que permiten que un detenido permanezca más tiempo del imprescindible en los calabozos, sin pasar a disposición judicial. Y ello fundamentalmente porque los traslados a disposición judicial se realizan exclusivamente dos veces al día.

En el Colectivo de Acción Jurídica nos hemos decidido a denunciar tan escandalosa situación, habiéndonos dirigido en primer lugar al Defensor del Pueblo Andaluz, al que le hemos presentado la queja que os adjuntamos.

Queja defensor del Pueblo

Etiquetado , ,

Acuerdo de Pleno de la Sala 4ª del TS eximiendo de tasas a sindicatos y trabajadores.

Como es de sobra conocido, el Ministro Gallardón estableció un sistema de tasas  que encarecía el acceso a la justicia de los ciudadanos mediante la Ley 10/2012, posteriormente modificada en el RD 3/2013, y que tuvo varios problemillas para entrar en vigor, como el hecho de que los formularios no estuvieran listos a tiempo –muestra, entendemos, de que se elaboró con más urgencia que cabeza- .

 Esta Ley afecta al orden social, civil y contencioso administrativo. Y en particular en cuanto al orden social obliga al pago de las tasas en el recurso de suplicación y de casación, es decir, en  los recursos que se planteasen contra una sentencia.

Desde su aprobación ha levantado numerosas voces en contra, dudándose incluso de su constitucionalidad.

Pues bien, para júbilo de la mayoría, y tras diversos criterios interpretativos de los diferentes Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia, –  y en particular tras la reciente devolución por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de los recursos de suplicación planteados en el Juzgado de lo Social número 1 de Granada y de Motril para su subsanación y abono de tasas – la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha decidido dar unas directrices comunes para todos, en un Acuerdo de Pleno, que si bien no es de carácter vinculante (en realidad ninguna resolución los es debido a la pretendida independencia constitucional de los Jueces y Tribunales,- aunque de esto podríamos hablar en otra entrada, o en una trilogía literaria-), marcará un antes y un después, y deja, a nuestro entender, las tasas en el orden social heridas de muerte.

De esta forma, el pasado día 5 de marzo de 2013, mediante un Acuerdo de Pleno,  decidió que:

          Para la tramitación de los recursos de suplicación y casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario de la Seguridad Social, ni al funcionario o personal estatutario.

          Tampoco se le exige la tasa a los sindicatos para la interposición de los recursos de suplicación o de casación.

Interesante, sin duda, es la coletilla que introduce al señalar “ni tan siquiera respecto de los recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013”. ¿Esto  puede abrir la puerta a reclamar las tasas de todos aquellos que ya la han abonado de manera indebida?.

También se nos  plantea otra duda: de acuerdo con el art. 2.e de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, que ha sido tenido en cuenta por este Acuerdo de Pleno, ¿los beneficiarios de la Seguridad Social tampoco tendrían que pagar tasas en los pleitos que, sobre esta materia, se susciten en el orden contencioso – administrativo?.

Como hemos señalado anteriormente, trilogías se escribirán.

Para poder ver el Acuerdo podéis pinchar en el enlace de abajo, como siempre.

ACUERDO DEL TS SOBRE TASAS

Etiquetado , ,

SOLICITUD A LA ENTIDAD BANCARIA DE ELIMINACIÓN DE LA CLÁUSULA SUELO

La posibilidad de solicitar a los Juzgados la nulidad de las cláusulas suelo es un tema que en estos días  está en primera plana de todos los Medios de Comunicación, por lo que entendemos que es de máximo interés el procedimiento para poder llevarlo a cabo.

Sin perjuicio del comentario que en próximas entradas haremos de la Sentencia del Tribunal Supremo, así como a los concretos pasos que hay que dar de cara a intentar la declaración de nulidad de esta condición que los bancos y cajas incluyen en la mayor parte de los contratos de préstamo hipotecario a interés variable, os adjuntamos un modelo para poder solicitar al banco la retirada de la mencionada cláusula.

Antes de poder acceder a los Juzgados, es recomendable que todos los que tengáis pensado impugnar “el suelo” de vuestra hipoteca completéis el escrito  y lo presentéis en vuestra oficina bancaria, quedándoos con una copia que os deberán sellar.

            Algunas cosas que hay que tener en cuenta en relación a este escrito:

          Hay que presentar un escrito al  Servicio de Atención al Cliente. Si no contestan en el plazo de dos meses o contestan negativamente, hay que informarse si el Reglamento del Banco o Caja en concreto exigen que se presente el escrito con posterioridad al Defensor del Cliente. Si es así deberá presentarse después de estos dos meses, teniendo este un nuevo plazo de 2 meses para contestar.  Todo ello de acuerdo con la ORDEN ECO/734/2004, de 11 de marzo.

          Hay que tener en cuenta que a partir del 8 de diciembre, de acuerdo con la Ley 41/2007, la oferta vinculante es obligatoria para todo tipo de hipotecas,  Anteriormente es para aquellos que no rebasen los 25 millones de las antiguas pesetas (unos 150.000 euros) de acuerdo con la ley 41/2007.  A partir del 29 de abril de 2012 está en vigor la Orden 2899/2011.

Para cualquier duda nos podéis mandar un email a colectivodeaccionjuridica@gmail.com

Para descargar el escrito pincha aquí:

Solicitud eliminación cláusula suelo al banco

 

 

Colectivo de Acción Jurídica no se hace responsable de los posibles usos que se le puedan dar a los escritos puestos a disposición en esta página.

Etiquetado , ,

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA AJG EN CASO DE INCIDENTE EXTRAORDINARIO DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, publicada en el BOE el día 15 de mayo, e introduce la posibilidad para el ejecutado de formular oposición a la ejecución hipotecaria alegando como causa la existencia de cláusulas abusivas, modificando la LEC.

Para el caso de ejecuciones ya iniciadas, ofrece la posibilidad de promover un incidente extraordinario de oposición a la ejecución durante un mes desde su entrada en vigor, es decir, hasta el 15 de junio.

Si el ejecutado quiere solicitar la asistencia jurídica gratuita, deberá solicitar la suspensión del plazo en tanto en cuanto la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita no le nombre abogado y procurador. Para ello puede utilizar este escrito, que deberá presentar en el Juzgado, y al que habrá de adjuntar la solicitud de suspensión que previamente haya obtenido en el Colegio de Abogados.

Para descargar el archivo pincha en este enlace:

Solicitud suspensión por AJG

Colectivo de Acción Jurídica no se hace responsable de los usos que se le puedan dar al mencionado escrito.

Etiquetado , , ,