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Pinceladas sobre la actual Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera)

Mucho se está hablando estos días del anteproyecto (borrador) de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la que ya se ha bautizado con nombres como la Ley Mordaza. Y mucho se seguirá hablando por lo que nos puede afectar en los derechos a los ciudadanos de a pie.

No obstante, y pese a que ya tenemos informaciones, mientras estamos a la espera de que salga el texto definitivo que se llevará para su aprobación al Parlamento, creemos interesante analizar, siquiera brevemente, la ley que nos regula en la actualidad, del año 1992, la denominada “Ley Corcuera”.

En primer lugar, la ley les concede a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las siguientes facultades:

–          Limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia.

–          Establecimiento de controles en la vía, lugares y establecimientos públicos, para identificar a las personas y registrar vehículos así como el control superficial de efectos personales, para descubrimiento y detención de partícipes en un hecho delictivo de grave alarma social y recogida de pruebas.

–          Requerir la identificación de personas siempre que ello fuera necesario para el ejercicio de la protección de la seguridad. De no ser posible la identificación, y cuando fuera necesario para evitar la comisión de delito o falta o para sancionar una infracción, les requerirán para que les acompañen a las dependencias policiales más cercanas.

–          Entrada y registro domiciliario en caso de delito in fraganti, o cuando sea necesario para impedir la comisión del delito, la huída del delincuente, o la desaparición de los medios para su comisión.

Son infracciones graves, entre otras (penada con multa de 300 a 30 000 euros, salvo en los casos en que sea muy grave, en cuyo caso irá de 30 000 euros a 600 000 euros):

  •  La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado Ley Reguladora del Derecho de Reunión.
  •  La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente
  •  La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.
  • La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.
  • Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal.
  •  La comisión de una tercera infracción leve dentro del plazo de un año, que se sancionará como infracción grave.

Son infracciones leves (penadas con hasta 300 euros), entre otras:

  •  La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación.
  •  Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción penal.
  • Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
  • Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana, en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas
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Diferencia práctica entre prisión provisional y detención preventiva

Hace pocas semanas surgió en el Facebook una duda que nos resultó interesante aclarar. Y Sobre todo si consideramos que para poder defender nuestros derechos tenemos que conocer cuáles son las armas con las que las leyes han ha dotado a la autoridad para poder privarnos de ellos, y cuáles son los límites que existen.

La cuestión en sí es la diferencia entre detención preventiva y prisión provisional. Vamos a intentar hacer un análisis sin referencias (al menos excesivas) al articulado. De momento baste con señalar que ambas instituciones las podemos encontrar recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En primer lugar hay que señalar que ambas constituyen una medida cautelar (es decir, un instrumento que puede ser utilizado para asegurar que el juicio se celebre así como que la hipotética sentencia que se dicte pueda ser ejecutada), si bien la detención es de carácter provisionalísimo. Y que ambas restringen el derecho a la libertad.

Como curiosidad señalar que no se viene considerando detención aquella restricción de la libertad de circulación de una persona para su identificación o para la realización de pruebas de alcoholemia, en cuyo caso se habla de retención o detención temporal –en el caso de que haya traslado- (figura admitida por el Tribunal Supremo, pero que goza asimismo de importantes limitaciones, la principal de ella que debe ser por el tiempo imprescindible para su consecución).

La detención tiene como fundamento la comisión de un delito y tiene como finalidad la averiguación del mismo y de sus autores. Por ello la propia Constitución, en su artículo 17.2 señala que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos”.

Es importante señalar que no se puede detener a una persona por una falta, salvo que no se haya identificado, no tenga domicilio conocido, o se realice con el objeto de asegurar su presencia en la celebración del juicio de faltas.

Sin embargo la prisión provisional responde a otros fundamentos: la intención de evitar la fuga del imputado, la ocultación de pruebas y la comisión de nuevos delitos.

Asimismo ambas se diferencian en su duración:

Como ya hemos señalado, la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y en el plazo máximo de 72 horas el sujeto debe ser puesto a disposición judicial, o en libertad. No obstante tratándose de personas relacionadas con bandas armadas, se puede prorrogar otras 48 horas más, pero esto ya lo debe acordar un Juez.

En este punto es importante destacar que el tiempo máximo de duración de la detención preventiva viene señalado constitucionalmente, con lo que su violación constituye un ataque directo al mandato de la Constitución.

Hay que señalar que el art. 496 LECr establece una duración máxima de 24 horas de la detención preventiva. Sin embargo parece que el límite del 72 horas debe prevalecer como plazo absoluto e infranqueable, siendo el de 24 horas interpretado por el Tribunal Constitucional como plazo ordinario.

Por su parte, la prisión provisional puede existir mientras permanezcan las causas que la originaron (a saber, peligro de fuga, de ocultación de pruebas, o comisión de nuevos delitos).  La Ley establece un plazo máximo de 6 meses, 1 año ó 2 años según el supuesto del que estemos hablando

En cuanto a quiénes pueden detener, señalar que la detención preventiva puede ser ordenada  por el Juez, o efectuada por la Policía o por particulares. En este último caso solo cuando se cometa un delito in fraganti, o cuando se trate de fugados.

Por el contrario la prisión provisional requiere que el Juez la haya ordenado.

Esta diferencia es importante, porque como hemos señalado, en el caso de la detención preventiva, el transcurso del plazo máximo  conlleva o bien la puesta en libertad, o bien la puesta a disposición judicial. La prisión provisional conlleva ya el hecho de que el Juez es conocedor de los hechos, y se haya producido una comparecencia a tal fin, tas la puesta a disposición del detenido a disposición judicial.

                En cuanto a los derechos que tiene el detenido, estos son:

          Guardar silencio, no contestar a algunas de las preguntas que le fueren formuladas y a manifestar que solo declarará ante el Juez.

          No declarar contra sí mismo ni confesarse culpable.

          Derecho que se le comunique el hecho de la detención y el lugar de custodia a un familiar o a la persona que se designe.

          Derecho a designar abogado, o que se le proporcione uno de oficio.

          A intérprete si se trata de extranjero (o de sordomudo).

          A ser reconocido por el Médico Forense.

De todos estos derechos deberá ser informado el detenido en el momento de su detención de manera clara y comprensible.

El Código Penal establece que es delito:

          El particular que, que fuera de los casos que hemos establecido anteriormente, detenga a una persona con intención de presentarla a la autoridad.

          A la autoridad o funcionario público que, existiendo causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad con violación de los plazos establecidos y las garantías legalmente previstas.

          A la autoridad o funcionario que impida u obstaculice la asistencia de abogado al detenido, procure su renuncia, o no le informe de sus derechos de manera inmediata y comprensible.

En el caso de que una persona sea detenida fuera de los presupuestos legalmente establecidos, sin cumplir con las formalidades, sin respetar sus derechos o más del tiempo legalmente establecido, podrá instar el procedimiento de habeas corpus, que si es de interés explicaremos en otra entrada.

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Carta al Defensor del Pueblo Andaluz

Pregunta de examen: ¿Cuánto tiempo DEBE permanecer alguien detenido? Respuesta: el mínimo imprescindible para poder realizar las laborales de investigación necesarias (art. 17.2 de la constitución española: “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos”).

Esta cuestión tan sencilla no es tan unánimemente respetada como debería. En concreto, en Granada hemos tenido conocimiento de la existencia de normas “no escritas” que permiten que un detenido permanezca más tiempo del imprescindible en los calabozos, sin pasar a disposición judicial. Y ello fundamentalmente porque los traslados a disposición judicial se realizan exclusivamente dos veces al día.

En el Colectivo de Acción Jurídica nos hemos decidido a denunciar tan escandalosa situación, habiéndonos dirigido en primer lugar al Defensor del Pueblo Andaluz, al que le hemos presentado la queja que os adjuntamos.

Queja defensor del Pueblo

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