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Pinceladas sobre la actual Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Corcuera)

Mucho se está hablando estos días del anteproyecto (borrador) de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la que ya se ha bautizado con nombres como la Ley Mordaza. Y mucho se seguirá hablando por lo que nos puede afectar en los derechos a los ciudadanos de a pie.

No obstante, y pese a que ya tenemos informaciones, mientras estamos a la espera de que salga el texto definitivo que se llevará para su aprobación al Parlamento, creemos interesante analizar, siquiera brevemente, la ley que nos regula en la actualidad, del año 1992, la denominada “Ley Corcuera”.

En primer lugar, la ley les concede a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las siguientes facultades:

–          Limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia.

–          Establecimiento de controles en la vía, lugares y establecimientos públicos, para identificar a las personas y registrar vehículos así como el control superficial de efectos personales, para descubrimiento y detención de partícipes en un hecho delictivo de grave alarma social y recogida de pruebas.

–          Requerir la identificación de personas siempre que ello fuera necesario para el ejercicio de la protección de la seguridad. De no ser posible la identificación, y cuando fuera necesario para evitar la comisión de delito o falta o para sancionar una infracción, les requerirán para que les acompañen a las dependencias policiales más cercanas.

–          Entrada y registro domiciliario en caso de delito in fraganti, o cuando sea necesario para impedir la comisión del delito, la huída del delincuente, o la desaparición de los medios para su comisión.

Son infracciones graves, entre otras (penada con multa de 300 a 30 000 euros, salvo en los casos en que sea muy grave, en cuyo caso irá de 30 000 euros a 600 000 euros):

  •  La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado Ley Reguladora del Derecho de Reunión.
  •  La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente
  •  La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.
  • La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.
  • Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal.
  •  La comisión de una tercera infracción leve dentro del plazo de un año, que se sancionará como infracción grave.

Son infracciones leves (penadas con hasta 300 euros), entre otras:

  •  La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación.
  •  Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción penal.
  • Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
  • Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana, en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas
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